Durante las últimas décadas, los grupos comunitarios y las organizaciones de investigación han documentado cómo, por los riesgos ambientales, se han visto afectadas desproporcionadamente las comunidades minoritarias y de bajos ingresos por los riesgos ambientales. En respuesta, el movimiento de justicia ambiental (EJ, environmental justice) está abogando por un trato equitativo y justo de todas las personas a la hora de la toma de decisiones ambientales.

Un riesgo desproporcionado

Las comunidades de bajos ingresos y las afro descendientes a menudo enfrentan fuentes múltiples de contaminación potencial en su vecindario tales como plantas industriales, plantas de manejo de desechos y vertederos.  Además, las comunidades de bajos ingresos algunas veces tienen viviendas más viejas, que pueden tener pintura a base de plomo. Si se encuentran presentes factores como el estrés, una mala nutrición, el tabaquismo y un acceso limitado a la atención médica, junto con una exposición alta a contaminantes, habrá un aumento en los índices de enfermedad.

Las comunidades que encaran un riesgo desproporcionado a contaminantes ambientales también pueden estar enfrentando otros retos, tales como lograr cubrir todos sus gastos con sueldos bajos. Es probable que los contaminantes ambientales no sean el mayor problema para los miembros de la comunidad, a pesar de estar posiblemente en mayor riesgo de exposición a contaminantes.

La meta de la salud pública es prevenir enfermedades y promover la salud. Los epidemiólogos y otros funcionarios de salud pública tienen la responsabilidad de investigar más los riesgos a los que se enfrentan las personas en las comunidades que se sabe se encuentran en riesgo desproporcionado de exposición, incluso si los miembros de la comunidad no están abogando activamente por la salud pública ambiental. Los epidemiólogos pueden desempeñar un papel importante en la reducción de cargas desproporcionadas de exposición y enfermedad documentando patrones desiguales de enfermedad entre las comunidades con riesgos ambientales. Algunos profesionales de la salud pública sugieren que los epidemiólogos tienen la responsabilidad de ir más allá de la recolección de información para la formulación de políticas y la defensa de la salud pública.

El movimiento de justicia ambiental

El movimiento de justicia ambiental que ocurrió en los Estados Unidos en las décadas de los 70 y 80 tiene raíces históricas, desde la colonización de los nativos americanos, hasta temas alrededor de pruebas nucleares en la década de los 30, y el desarrollo de pesticidas después de la Segunda Guerra Mundial. El impulso para el movimiento que hoy conocemos es complejo; numerosos eventos y campañas tuvieron un papel activo. Algunos eventos importantes y publicaciones están resumidos a continuación:

Aplicación de principios de justicia ambiental:
Un proceso gradual para las agencias gubernamentales

A raíz del movimiento de base de justicia ambiental, las agencias gubernamentales han incorporado gradualmente estos principios en su trabajo. En 1992, el informe Environmental Equity: Reducing Risks for All Communities publicado por la EPA (Environmental Protection Agency) de EE.UU. encontró claras diferencias en exposición a contaminantes entre personas de diferente raza y antecedentes económicos, en donde las comunidades de minorías y con menores ingresos experimentaron una mayor carga. Como resultado de la documentación y los problemas de abogacía de la justicia ambiental, el Presidente Clinton firmó la Orden ejecutiva 1298 en 1994 para lidiar con la justicia ambiental en poblaciones de minorías y de bajos ingresos. Entre otras cosas, delineó responsabilidades específicas y la implementación de estrategias de justicia ambiental para la EPA de los EE.UU.; abogó por la vigilancia continua de los problemas de inequidad; e hizo un llamado para acceder a información y la participación pública para la incorporación de principios de justicia ambiental en políticas o programas de agencias federales. En relación con la epidemiología ambiental, la orden abogó por la inclusión de diversos segmentos de la población en la medida de lo posible cuando se conduzcan estudios.

Aplicar principios de justicia ambiental requiere enfoques inclusivos y de colaboración que busquen abordar la carga desigual de la contaminación ambiental y que generan efectos en la salud. Debido a que las agencias a menudo operan bajo mandatos legales muy específicos, la resistencia institucional al cambio y el ritmo lento de la burocracia, con frecuencia es un reto para los científicos y las agencias gubernamentales para que apliquen principios de justicia ambiental, pero con el tiempo, cada vez más agencias los han adoptado. El sitio web de justicia ambiental de la EPA de EE.UU. brinda un buen vistazo general de los esfuerzos actuales para promover la justicia ambiental a nivel federal.

Continuación de los retos de justicia ambiental

Un estudio de seguimiento durante 20 años iniciado en 1987 por United Church of Christ finalmente se publicó en 2007. El estudio, Toxic Wastes and Race at Twenty, 1987-2007: Grassroots struggles to Dismantle Environmental Racism in the United States, encontró que minorías étnicas todavía son desproporcionadamente más propensas a vivir cerca de sitios con desechos peligrosos y no están equitativamente protegidas por las leyes ambientales.

El avance para mejorar la salud pública ambiental en comunidades que enfrentan una carga desproporcionada de exposición y enfermedad requerirá que los científicos, los profesionales de salud pública y las propias comunidades para tomar fuerzas de sus metas comunes, participen de relaciones genuinas de colaboración y tomen pasos deliberados para evitar crear involuntariamente más desigualdades de salud ambiental.